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¿Cuál es el tuyo hoy?

En Cataluña, más de 17.000 pymes afrontarán un proceso de relevo generacional durante los próximos diez años. Sin embargo, muchas empresas todavía no disponen de un plan de sucesión definido ni han iniciado la preparación necesaria para garantizar la continuidad del negocio o afrontar una futura venta en las mejores condiciones.

El Real Decreto-ley 2/2026 permite a las empresas mantener la planificación fiscal en 2026 sin incrementos automáticos de impuestos. Afecta especialmente al Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las inversiones energéticas y el régimen simplificado, con opciones para optimizar la tributación.

El Real Decreto 1065/2025 redefine el marco de los contratos formativos en España. Descubre lo que cambia, qué impacto tendrá en las empresas y qué pueden esperar los jóvenes y titulados que acceden al mercado laboral.

La legislación mercantil establece diversos supuestos en los que las sociedades están obligadas a someter sus Cuentas Anuales a una auditoría. La obligación principal nace cuando la empresa supera determinados umbrales económicos o se encuentra en circunstancias especiales, como situaciones de concurso o liquidación, en las que la verificación de cuentas también es preceptiva.

¿Has hecho una oferta de trabajo, el candidato la ha aceptado e incluso ha dejado su empleo anterior… pero finalmente no se ha formalizado el contrato? Esta situación no es infrecuente, y la justicia ha dictaminado que, si existe un precontrato o promesa de contrato acreditada, la persona afectada puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Descubre qué dice la jurisprudencia y cómo gestionar estos casos de forma segura desde el área de nóminas y personal.

El pasado mes de marzo se publicó el nuevo Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se regula el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y se establecen obligaciones para determinadas organizaciones en materia de huella de carbono.

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.