Actualidad legislativa

El RDL 2/2026, de 3 de febrero, establece medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social, regular aspectos tributarios y los recursos de los sistemas de financiación territorial.

El Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, establece la revalorización de las pensiones públicas para 2026 con un aumento general del 2,7 % y incrementos mayores para las pensiones mínimas, no contributivas y el IMV, e incluye otras disposiciones urgentes en materia de Seguridad Social, como adaptaciones de cotizaciones y medidas técnicas para el sistema.

La Ley 11/2025 refuerza la regulación del mercado de la vivienda mediante límites para los alquileres de temporada y de habitaciones, mayores exigencias de transparencia en los contratos y nuevos mecanismos de control como el registro de grandes tenedores. También amplía la reserva de suelo para vivienda protegida y actualiza diversas normas urbanísticas para adaptarlas al nuevo marco regulador.

Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

Este Real Decreto-ley prorroga diversas medidas destinadas a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, con el objetivo de proteger a los colectivos más afectados por el contexto económico actual. Asimismo, incorpora medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, orientadas a garantizar la estabilidad del sistema y el apoyo a personas y empresas. La norma mantiene y adapta instrumentos de protección social ya existentes e introduce ajustes fiscales de carácter temporal.

La Ley 9/2025 obliga a las empresas a replantear la movilidad laboral, mejorando la accesibilidad, la sostenibilidad y la gestión de los desplazamientos de la plantilla.

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley para permitir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos utilicen sus superávits para invertir en proyectos sostenibles, y para ampliar el plazo de aplicación de la normativa que regula los programas informáticos de facturación, garantizando que empresas y administraciones dispongan de tiempo suficiente para adaptarse correctamente.

El Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, desarrolla el régimen del contrato formativo previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma concreta las condiciones, derechos y obligaciones que deben respetar tanto las empresas como las personas trabajadoras, con el objetivo de reforzar el valor educativo y profesional de este tipo de contrato.

La directiva modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos para establecer objetivos vinculantes de reducción de residuos alimentarios y ampliar la responsabilidad ampliada del productor al sector textil, calzado y productos relacionados, promoviendo la reutilización, la recogida separada y el reciclaje de fibras.

BOE 259 de 28 de octubre. Publicación de la relación de fiestas laborales para el 2026. 

El Real Decreto 164/2025 aprueba el nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI), que actualiza y sustituye la normativa anterior, estableciendo requisitos actualizados para la prevención, detección, contención y extinción de incendios en industrias, con criterios más rigurosos de organización, inspección y sistemas de protección para minimizar los riesgos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.

El Real decreto ley 3/2025, aprobado el 1 de abril, prorroga y amplía las deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Con efectos retroactivos desde enero, el programa MOVES III refuerza el compromiso con una movilidad sostenible y los objetivos del PNIEC.

El Real Decreto 254/2025 amplía el plazo para que empresarios y profesionales adapten sus sistemas informáticos a las exigencias de la nueva normativa sobre factura electrónica. Esta medida busca facilitar el cumplimiento progresivo de las obligaciones.

La Ley Orgánica 1/2025, publicada el 3 de enero de 2025, introduce reformas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Las principales novedades incluyen la creación de los tribunales de instancia, que sustituyen los juzgados unipersonales por una estructura colegiada, y la implementación obligatoria de medios adecuados de solución de controversias (MASC), como la mediación, antes de iniciar procedimientos judiciales en asuntos civiles y mercantiles. Estas medidas buscan agilizar la resolución de conflictos y descongestionar los tribunales.

Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.