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En el contexto del Real decreto 901/2020, todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a elaborar un plan de igualdad. Pero ¿qué pasa cuando una empresa no dispone de representación legal de las personas trabajadoras (RTL)? ¿Es posible elaborar el plan de igualdad en estas condiciones? La respuesta es sí, pero con algunos requisitos específicos.

Se trata de una cláusula contractual mediante la cual el trabajador se compromete a no llevar a cabo actividades profesionales que compitan con la empresa durante el período determinado después de la extinción del contrato. Según el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, para ser válido debe cumplir tres requisitos esenciales:

• Que no excedan los dos años de durada (un año para los contratos temporales).
• Que exista un interés comercial o industrial legítimo por parte de la empresa.
• Que el trabajador reciba una compensación económica adecuada y pactada previamente.

Según la sentencia de la Sala del Contencioso Administrativo, un trabajador autónomo puede acceder a los incentivos en sus cuotas, siempre que en el momento en que se concedan estos beneficios esté al corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

La audiencia previa al trabajador consiste en citar al trabajador para ofrecerle la posibilidad de defenderse de los cargos que se formulan ante él y de presentar alegaciones. La audiencia se realiza antes de una sanción disciplinaria o un despido al trabajador.

Despidos colectivos, ERE empresarial: Discriminación por edad. 

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

De acuerdo con el Real decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres, todas las empresas están obligadas a disponer del registro salarial actualizado. Esta normativa entró en vigor en abril de 2021 y afecta a todas las empresas, independientemente de su medida o el número de trabajadores.