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La igualdad y las políticas de prevención de la discriminación en la empresa están cada vez más presentes en la normativa laboral. En los últimos años se han incorporado nuevas obligaciones para las organizaciones con el objetivo de garantizar entornos de trabajo respetuosos e inclusivos.

Garantizar que una instalación industrial cumpla con toda la normativa vigente no es solo una cuestión administrativa. Es una decisión estratégica que impacta directamente en la seguridad, la continuidad operativa y la viabilidad del proyecto.

Ya se trate de una nueva implantación, una ampliación o una regularización, asegurar el cumplimiento normativo desde el primer momento evita sanciones, inspecciones inesperadas y costes imprevistos.

Este 18 de febrero de 2026 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 126/2026, que fija el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 y regula expresamente el régimen de compensación y absorción en cómputo anual.

La norma establece un salario mínimo de 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y obliga a las empresas a revisar nóminas y estructuras salariales con criterio jurídico.

Los registros de taquillas, bolsas o efectos personales de los trabajadores son una herramienta que muchas empresas utilizan cuando sospechan irregularidades como robos o hurtos. El problema surge cuando estos registros no se realizan correctamente.

Cataluña aplica nuevas normas para los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, con el objetivo de proteger la vivienda residencial y garantizar mayor seguridad jurídica.

Se trata de una cláusula contractual mediante la cual el trabajador se compromete a no llevar a cabo actividades profesionales que compitan con la empresa durante el período determinado después de la extinción del contrato. Según el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, para ser válido debe cumplir tres requisitos esenciales:

• Que no excedan los dos años de durada (un año para los contratos temporales).
• Que exista un interés comercial o industrial legítimo por parte de la empresa.
• Que el trabajador reciba una compensación económica adecuada y pactada previamente.