Compliance penal en pymes: ¿qué riesgos penales debe identificar una empresa?

En el ámbito de las pymes, así como de cualquier empresa sea cual sea su dimensión, hablar de compliance penal significa, sobre todo, identificar qué riesgos pueden derivar en responsabilidad penal de la empresa y establecer medidas razonables para prevenirlos.

El punto de partida es entender que, aunque la actividad sea de dimensión reducida, determinadas conductas de directivos, empleados o colaboradores pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente cuando se cometen determinados delitos en beneficio directo o indirecto de la empresa o en el marco de su actividad.

En este contexto, el artículo 31 bis del Código Penal establece los supuestos en los que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables y contempla la relevancia de los modelos de organización y gestión orientados a prevenir o reducir el riesgo de comisión de delitos.

Por ello, disponer de un modelo de compliance penal no consiste simplemente en cumplir una formalidad, sino en identificar los riesgos reales de la empresa y establecer controles proporcionales a su actividad y estructura.

¿Cuáles son los principales riesgos penales de una empresa?

Los riesgos penales a los que se enfrenta una pyme pueden variar en función de su sector, dimensión, organización interna, relación con terceros y tipo de operaciones. Sin embargo, existen algunos ámbitos de riesgo que se repiten con frecuencia.

Delitos económicos y contra el patrimonio

Un primer bloque de riesgos habituales es el de los delitos económicos y contra el patrimonio, como determinadas falsedades documentales o contables, apropiaciones indebidas, administraciones desleales o estafas en la relación con clientes y proveedores.

En las pymes, estos riesgos pueden verse amplificados cuando existe una elevada concentración de funciones. Por ejemplo, cuando una misma persona autoriza una operación, ordena el pago y posteriormente registra la operación en la contabilidad.

La falta de controles mínimos de trazabilidad, autorización y segregación de funciones puede dificultar la detección de irregularidades y aumentar la exposición de la empresa.

Riesgos fiscales y relacionados con la Seguridad Social

También son relevantes los riesgos penales vinculados al ámbito fiscal y de la Seguridad Social, especialmente ante determinadas conductas de ocultación de ingresos, simulación de operaciones u otras actuaciones que, por su naturaleza y gravedad, puedan tener relevancia penal.

Riesgos en el ámbito laboral

En el ámbito laboral, la prevención debe abarcar determinadas conductas que pueden tener consecuencias penales, como el acoso, determinadas vulneraciones graves de los derechos de los trabajadores o los delitos relacionados con la seguridad y salud laboral, especialmente cuando la actividad comporta riesgos específicos.

Corrupción, soborno y relaciones con terceros

Otro bloque de riesgos penales está vinculado a lacorrupción y las relaciones con terceros: sobornos, pagos indebidos, comisiones irregulares o ventajas injustificadas para obtener contratos o un trato de favor, especialmente en operaciones con Administraciones públicas o en cadenas de suministro con intermediarios.

Paralelamente, es necesario prestar atención a los conflictos de interés y a la gestión de regalos y hospitalidad, porque son escenarios habituales en los que pueden desdibujarse las líneas entre una práctica comercial y una conducta penal.

Riesgos penales relacionados con la tecnología y la información

Por último, en un entorno digitalizado, las pymes deben identificar riesgos tecnológicos con proyección penal, como accesos indebidos, daños informáticos, revelación de secretos y una gestión inadecuada de información sensible.

¿Cómo identificar los riesgos penales de una pyme?

Un mapa de riesgos penales dentro de un plan de compliance bien elaborado no pretende “burocratizar” la pyme, sino priorizar.

El objetivo es detectar:

• Qué riesgos penales pueden existir en función de la actividad de la empresa.
• En qué áreas o procesos pueden producirse.
• Qué personas o terceros pueden intervenir.
• Qué controles existen actualmente.
• Qué señales de alerta pueden indicar una conducta irregular.
• Qué medidas adicionales pueden reducir el riesgo.

A partir de este análisis, la empresa puede establecer medidas de prevención y control proporcionales a su realidad, evitando implantar procedimientos innecesariamente complejos.