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El compliance penal se ha convertido en una pieza clave para las empresas en España. Desde la reforma del Código Penal de 2015, las personas jurídicas pueden ser responsabilizadas penalmente por los delitos cometidos por sus directivos o trabajadores.

Esta responsabilidad puede conllevar sanciones severas, incluida la disolución de la sociedad, lo que ha convertido los planes de prevención de riesgos penales en una herramienta imprescindible.

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.

Existen pocos términos jurídicos tan alegremente utilizados como estos dos. No en vano, suelen incorporarse como cláusulas “casi-estándar” a miles de contratos de compraventa, sin darse cuenta de las consecuencias legales y económicas que, para los firmantes, puede dar lugar a la inclusión de un término o uno otro.

Realizar una correcta gestión de cobros es esencial para todas las empresas. Esto es más evidente en circunstancias excepcionales como las actuales, en las que la tesorería es el centro de interés de cualquier empresa y los gerentes y propietarios se dan cuenta de su importancia para la supervivencia del negocio.

El Tribunal Supremo ha resuelto una de las dudas más frecuentes que había generado el permiso parental de 8 semanas, introducido recientemente en el ordenamiento laboral: ¿las semanas de permiso parental computan para generar vacaciones? La respuesta ahora es clara: sí.

En una decisión trascendental, el Tribunal Supremo, en su sentencia del 19 de septiembre de 2023, ha establecido salvaguardas cruciales para los trabajadores en régimen de teletrabajo.

Las personas que obtienen la resolución judicial final de exoneración de sus deudas ven una oportunidad para empezar desde cero su vida económica. Pero ¿esta exoneración de las deudas es definitiva o puede verse limitada?

La Sentencia del Tribunal Supremo 640/2026 establece un criterio clave sobre cómo determinar si una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles desarrolla una actividad económica y, por tanto, puede beneficiarse de la reducción del 95 % en el ISD (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).