Garantizando la responsabilidad penal de las empresas

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.

Con esta reforma se establecieron las penas que pueden ser impuestas a las empresas por conductas delictivas que se cometan en su organización. Es de destacar que existe la "pena de muerte" por las personas jurídicas, ya que la pena más alta que puede imponerse por un delito imputable a la empresa es la disolución de ésta.

Por otra parte, en el mismo momento en que se regula este régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, también se establece un mecanismo para que se puedan eximir o atenuar estas consecuencias penales. Así aparecen los "Crime Compliance Programs" o Planes de cumplimiento penal, provenientes del derecho anglosajón. Mediante la implementación de uno de estos planes en la empresa, se puede llegar a eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal, evitando así que se pueda aplicar cualquiera de las penas previstas.

Implementar un plan de cumplimiento no es una tarea sencilla, ya que es necesario analizar la empresa al detalle y conocer su actividad y organización interna. Debe analizarse cómo se forma la voluntad de una persona jurídica, a través de las decisiones de sus responsables y trabajadores y cómo se pueden implementar medidas y controles para que no se acaben cometiendo los delitos que le pueden ser imputables. Además, uno de los requisitos más importantes para considerar el plan de prevención como eximente penal, es que sea periódicamente revisado y actualizado conforme a los cambios que se produzcan en la empresa y su entorno.

Uno de los casos más mediáticos en los que ha entrado en juego el compliance penal, ha sido el Fútbol Club Barcelona. Actualmente, el club está siendo investigado por un presunto delito de cohecho relacionado con la posible compra de árbitros, y algunos medios atribuyen este presunto delito a los errores en el ámbito del plan de cumplimiento ya la falta de detección por parte de los responsables de ese plan.