Juntos logramos objetivos.
¿Cuál es el tuyo hoy?

La Directiva Europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, transpuesta al ordenamiento jurídico con la reforma de la Ley Concursal en 2022, tiene como uno de sus objetivos promover la venta de Unidades Productivas para fomentar la continuidad de las empresas y evitar llegar a la liquidación en los procedimientos concursales, tal como ha ocurrido en la mayoría de procedimientos de los últimos años.

El Parlamento Europeo ha dado un paso crucial en la lucha contra la morosidad con la aprobación del Reglamento Europeo contra la Morosidad.

En 2015, con la reforma introducida por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, se dio luz verde a la posibilidad de que los divorcios se puedan realizar ante Notario.

Esto ha permitido que otros operadores jurídicos puedan autorizar divorcios, lo que ha beneficiado tanto a los juzgados, siempre con sobrecarga de trabajo, como a los particulares, porque evitan tener que recurrir a una lenta y económicamente poco rentable justicia.

Cuando nos compramos una propiedad acostumbramos a tener mucho cuidado con que quede registrada a nuestro nombre. Deberíamos, pues, dar la misma importancia al hecho de registrar una marca.

Ante todo, aclarar un punto que, a menudo, no tenemos claro del todo: una marca no “se patenta”, sino que “se registra”. La marca y la patente, a pesar de estar integradas dentro del concepto Propiedad Industrial, no son lo mismo y no deben confundirse.

En un entorno empresarial cada vez más exigente en términos de sostenibilidad, la consultoría en sostenibilidad ejerce un papel crucial para que las empresas afectadas por normativas ambientales estrictas puedan cumplir con los estándares y, al mismo tiempo, mejorar su competitividad. La aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) es uno de los pilares claves para reducir el impacto ambiental y los riesgos asociados al cumplimiento de normativas.

Existen pocos términos jurídicos tan alegremente utilizados como estos dos. No en vano, suelen incorporarse como cláusulas “casi-estándar” a miles de contratos de compraventa, sin darse cuenta de las consecuencias legales y económicas que, para los firmantes, puede dar lugar a la inclusión de un término o uno otro.