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¿Cuál es el tuyo hoy?

La reciente Ley de Vivienda presenta incentivos fiscales al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los nuevos contratos de arrendamiento destinados a la vivienda habitual, con el objetivo de estimular la oferta de precios asequibles. 

La pandemia de la COVID ha acelerado muchos de los procesos de cambio que se estaban produciendo en el mercado laboral. Los consumidores cada vez demandan empresas más comprometidas en el medio ambiente, en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, en el fomento del equilibrio entre la vida personal y profesional, en el compromiso con causas sociales… Y han sido las empresas socialmente responsables y con un propósito claro las que han salido realmente reforzadas de esa situación.

Desde septiembre de 2022, se estableció un límite con relación al perdón de las deudas públicas en el concurso de acreedores de persona física. El límite, tanto para Hacienda como para la Seguridad Social y el resto de las deudas con administraciones públicas, se sitúa en un máximo de 10.000 €. Hasta esa fecha, las personas con multas, recargos o intereses independientemente del importe tenían el perdón de esta deuda, pasando por el procedimiento de la segunda oportunidad.

La aprobación del Real decreto 322/2024 el pasado mes de marzo, ha introducido modificaciones en el Reglamento General de Recaptación de la Seguridad Social, incluyendo la implementación de una nueva cuota de solidaridad. Esta medida entrará en vigor en enero de 2025 y se aplicará a partir del salario que supere la base de cotización.

En un mundo donde la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa (RSC) son cada vez más importantes, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están buscando formas innovadoras de destacarse en este ámbito.

En el competitivo mundo empresarial actual, la responsabilidad social corporativa (RSC) se ha convertido en un aspecto crucial para el éxito a largo plazo de las empresas.

Efectivamente, con la aprobación del Real decreto ley 8/2019, del pasado 8 de marzo, las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral diaria de sus trabajadores, sin requisitos por medida o sector de la empresa. El objetivo de esta medida es controlar las jornadas reales de los trabajadores y la gestión de las horas extraordinarias.