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El BOE del 6 de noviembre ha publicado el Real decreto ley 6/2024, que entra en vigor el 7 de noviembre de 2024. Este decreto establece varias medidas laborales para los municipios afectados por laDANA, como por ejemplo exenciones en la cotización a la Seguridad Social, aplazamientos y moratorias en el pago de cuotas, la suspensión de procedimientos de recaudación, o la consideración excepcional de incapacidad temporal por accidente laboral a los efectos de la prestación económica de incapacidad temporal.

La ganadería intensiva, especialmente la porcina, ha crecido de manera notable en Cataluña y en muchas zonas de España. Con este crecimiento, también lo ha hecho la producción de purines, una mezcla de estiércol y orina que, si no se gestiona correctamente, puede convertirse en un problema ambiental de primer orden.

Este pasado mes de enero se publicó el Real Decreto Ley 1/2023, en el que se establecen un importante número de bonificaciones destinadas a promover la contratación de determinados perfiles como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de tráfico de seres humanos, personas en riesgo de exclusión social, desempleadas de larga duración o víctimas del terrorismo, así como las personas jóvenes menores de 30 años que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En los últimos años, la rehabilitación se ha convertido en una de las principales líneas de actuación dentro del ámbito de la arquitectura y la construcción. La necesidad de alargar la vida útil de los edificios, mejorar su eficiencia energética y preservar el patrimonio existente ha llevado a una nueva conciencia profesional y ciudadana. Sin embargo, rehabilitar un edificio no es una tarea sencilla: implica entender, respetar y transformar aquello que ya existe. Es una operación compleja, cargada de condicionantes que van mucho más allá de la pura ejecución técnica.

Ahora el Tribunal Supremo, a la vista del uso recurrente de este mecanismo por parte de Hacienda, ha decidido poner freno y limitar la posibilidad de que se pueda derivar la responsabilidad de las deudas sociales a los administradores de una forma automática y unilateral.

Nuestra sociedad está cada vez más sensibilizada en cuestiones vinculadas a la igualdad. Como consecuencia, la administración y los trabajadores reclaman a las organizaciones más procedimientos y mecanismos que garanticen la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado, en un conjunto de sentencias dictadas el 18 de febrero de 2026, un criterio con un gran impacto en materia concursal, concretamente en los procedimientos de concurso de persona física.

Uno de los aspectos tratados por la Sala Primera ha sido el redefinir el alcance de la exclusión de determinados deudores de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), especialmente en lo que respecta a las sanciones administrativas y a los acuerdos de derivación de responsabilidad previstos en el artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).