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¿Cuál es el tuyo hoy?

La reciente Ley de Vivienda presenta incentivos fiscales al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los nuevos contratos de arrendamiento destinados a la vivienda habitual, con el objetivo de estimular la oferta de precios asequibles. 

La tributación de bienes inmuebles en el IVA define un régimen especial en el que se aplican diferentes normas específicas, en cuanto a la sujeción al impuesto, exenciones y tipos impositivos. 

La vivienda es un problema extremadamente complejo, todo el mundo es partícipe en alguna medida y los puntos de vista son diversos.

Todos los factores que intervienen chocan e interaccionan entre ellos, el mercado laboral, la propiedad del suelo, los costes de la construcción, el urbanismo, la eficacia de la justicia... y no existen soluciones mágicas para resolver todas estas situaciones.

Determinar el valor de un inmueble no es fácil. Hay inmuebles mejor situados, más o menos grandes, con mejores o peores vistas, con mayor o menor luz y en mejor o peor estado de conservación. La multitud de factores que influyen es tal, que dos pisos pueden estar en el mismo edificio y tener una diferencia muy significativa en euros por metro cuadrado.

Antes de vender un inmueble, es necesario realizar primero los números. Si comprar un piso comporta gastos, venderlo también puede comportarlos, y a menudo son elevados.

Uno de los posibles gastos es la plusvalía municipal, una fuente constante de consultas, últimamente. Hasta hace poco, era un impuesto basado en la ficción de que el valor del suelo se va incrementando con el tiempo (el ladrillo no baja nunca, ¿os suena?) y que, por tanto, cuanto más tiempo hace que eres propietario de un inmueble, más debes pagar. Una fórmula relativamente sencilla de cálculo pero totalmente injusta y desconectada de la realidad.

Existen pocos términos jurídicos tan alegremente utilizados como estos dos. No en vano, suelen incorporarse como cláusulas “casi-estándar” a miles de contratos de compraventa, sin darse cuenta de las consecuencias legales y económicas que, para los firmantes, puede dar lugar a la inclusión de un término o uno otro.