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Tal como indica el Real decreto 1007/2023, del 5 de diciembre, también conocido como Reglamento Verifactu, con la voluntad de regular el registro de las operaciones en origen, las empresas estarán obligadas a utilizar unos sistemas informáticos de facturación con los requisitos técnicos y registrar cada operación, con unas especificaciones y formatos estandarizados, que incluirá una información muy detallada sobre el IVA similar a la exigida actualmente en el SII. Quedan exoneradas aquellas empresas que llevan los libros de registro de IVA a través del SII.

El pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la nueva convocatoria de ayudas de la Agencia de Residuos de Cataluña para la utilización del árido reciclado de los residuos de la construcción con marcaje CE en obras promovidas por los locales y empresas públicas municipales de Cataluña (RESOLUCIÓN ACC/2481/2024, del 2 de julio).

La gestión de residuos municipales está regulada por la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelo contaminado para una economía circular. Esta gestión de residuos es responsabilidad de las entidades locales y representa una de las principales partidas de gasto público.

Los cupones de ACCIÓ #Green son un conjunto de subvenciones que proporciona la Generalitat de Cataluña con el objetivo de fomentar el descubrimiento de nuevas tecnologías y procesos para mejorar la eficiencia energética, reducir el uso de recursos naturales, y trazar el camino hacia una economía más sostenible y circular.

En el BOE del día 6 de noviembre, y con efectos desde el 7 de noviembre de 2024, se ha aprobado el Real decreto ley 6/2024 que introduce un paquete de medidas urgentes para mitigar los efectos de la DANA que, entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, causó daños significativos en varias regiones de España, incluyendo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Islas Baleares y Aragón.

De acuerdo con la normativa del IRPF, se considera que cualquier inmueble urbano que no esté alquilado, afectando a una actividad económica ni destinado a residencia habitual, genera una renta ficticia. Esta se valora habitualmente en un 2% del valor catastral, o en un 1,1% en aquellos municipios con revisión catastral reciente.