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Las personas que obtienen la resolución judicial final de exoneración de sus deudas ven una oportunidad para empezar desde cero su vida económica. Pero ¿esta exoneración de las deudas es definitiva o puede verse limitada?

Detectar a tiempo una posible situación de insolvencia es clave para garantizar la continuidad de cualquier empresa o actividad profesional. La Ley Concursal establece distintos grados de insolvencia, pero es especialmente importante identificar la probabilidad de insolvencia, puesto que permite actuar con antelación y llevar a cabo una reestructuración efectiva. En este artículo presentamos siete elementos esenciales que pueden servir como señales de alerta para detectar ese riesgo a tiempo y tomar las medidas necesarias para evitar consecuencias irreversibles.

La tributación en caso de herencia de participaciones en sociedades patrimoniales ha generado siempre muchas dudas, especialmente cuando éstas se dedican al alquiler de inmuebles. Ahora, una nueva sentencia del Tribunal Supremo (núm. 956/2025, de 14 de julio) marca un antes y un después sobre cómo debe interpretarse esta situación a efectos fiscales.

El procedimiento de Segunda Oportunidad se ha convertido en una herramienta esencial para personas físicas con dificultades económicas, pero no está exento de complejidades. Una de las cuestiones más controvertidas es la exoneración de la deuda pública. Aunque la Ley Concursal permite exonerar parcialmente determinadas deudas con la AEAT y la TGSS, su aplicación a otras administraciones genera incertidumbre.

El Tribunal Europeo ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Barcelona en el sentido de concretar qué era el plazo aplicable a la reclamación de los gastos hipotecarios. 

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.

La igualdad y las políticas de prevención de la discriminación en la empresa están cada vez más presentes en la normativa laboral. En los últimos años se han incorporado nuevas obligaciones para las organizaciones con el objetivo de garantizar entornos de trabajo respetuosos e inclusivos.