Juntos logramos objetivos.
¿Cuál es el tuyo hoy?

Por primera vez, conviven hasta cuatro generaciones dentro de muchas organizaciones. Profesionales con trayectorias, motivaciones y maneras de entender el trabajo muy diferentes comparten equipos, objetivos y espacios de trabajo.

Esta realidad ha convertido la gestión de equipos multigeneracionales en uno de los grandes retos actuales de los departamentos de recursos humanos y del liderazgo empresarial.

El Real Decreto-ley 2/2026 permite a las empresas mantener la planificación fiscal en 2026 sin incrementos automáticos de impuestos. Afecta especialmente al Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las inversiones energéticas y el régimen simplificado, con opciones para optimizar la tributación.

Cuando una empresa quiere mejorar resultados, la primera reacción suele ser reducir costes: recortar gastos, limitar recursos o ajustar estructuras. Es una decisión rápida, visible y aparentemente efectiva.

Pero a menudo no es el problema real. Porque gestionar mejor una empresa no significa tener menos recursos. Significa utilizarlos mejor. Y esta diferencia es clave en la mejora de la rentabilidad empresarial y la eficiencia operativa, especialmente en las pymes.

Una unidad productiva es una parte de la empresa que puede funcionar de manera independiente. Por ejemplo, si una empresa vende tanto al mayor como al detalle, cada actividad se puede considerar una unidad productiva si tiene sus propios activos, trabajadores y recursos. En este caso, se podrían vender por separado, manteniéndose una y traspasando la otra.

El arrendamiento de inmuebles desarrollado como actividad económica con carácter empresarial puede suponer un importante ahorro fiscal por los contribuyentes, puesto que podrán disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, y una bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero hay que prestar atención en que no toda actividad de arrendamiento de inmuebles, a pesar de disponer de los requisitos marcados por la ley, se puede considerar que tenga carácter de empresarial.  

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.