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Cuando una empresa quiere mejorar resultados, la primera reacción suele ser reducir costes: recortar gastos, limitar recursos o ajustar estructuras. Es una decisión rápida, visible y aparentemente efectiva.

Pero a menudo no es el problema real. Porque gestionar mejor una empresa no significa tener menos recursos. Significa utilizarlos mejor. Y esta diferencia es clave en la mejora de la rentabilidad empresarial y la eficiencia operativa, especialmente en las pymes.

Una unidad productiva es una parte de la empresa que puede funcionar de manera independiente. Por ejemplo, si una empresa vende tanto al mayor como al detalle, cada actividad se puede considerar una unidad productiva si tiene sus propios activos, trabajadores y recursos. En este caso, se podrían vender por separado, manteniéndose una y traspasando la otra.

El arrendamiento de inmuebles desarrollado como actividad económica con carácter empresarial puede suponer un importante ahorro fiscal por los contribuyentes, puesto que podrán disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, y una bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero hay que prestar atención en que no toda actividad de arrendamiento de inmuebles, a pesar de disponer de los requisitos marcados por la ley, se puede considerar que tenga carácter de empresarial.  

Hasta el año 2015 las personas jurídicas (sociedades limitadas o anónimas, partidos políticos, asociaciones, etc.) no podían ser sujetas a responsabilidad penal. En otras palabras, no podían ser condenadas por la comisión de un delito. Esto cambió con la reforma del Código Penal, que abrió la puerta a que determinados delitos pudieran ser imputados directamente a la persona jurídica, además de a la persona natural que había cometido el hecho delictivo dentro de la organización.

El actual escenario global, con el cambio climático acelerado, la crisis energética y fenómenos meteorológicos extremos, hace que la sostenibilidad en las empresas sea un elemento crucial para garantizar un futuro sostenible y próspero.

Las empresas que no abonen dentro del plazo establecido las liquidaciones practicadas por Hacienda pueden verse obligadas a asumir recargos adicionales, que aumentan en función del momento en que regularicen la situación.

La legislación mercantil establece diversos supuestos en los que las sociedades están obligadas a someter sus Cuentas Anuales a una auditoría. La obligación principal nace cuando la empresa supera determinados umbrales económicos o se encuentra en circunstancias especiales, como situaciones de concurso o liquidación, en las que la verificación de cuentas también es preceptiva.