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Desde el 1 de enero de 2020, en España, todas las operaciones con Administración Pública deben tener factura digital. También es obligatoria para las compraventas de productos o servicios entre empresas que tengan una cuota anual de IVA superior a los 90.000 €.

La protección de datos sigue siendo, en pleno 2026, una asignatura pendiente para muchas empresas. Sin embargo es una obligación legal ineludible, independientemente del tamaño del negocio, siempre que se traten datos personales de clientes, empleados o proveedores.

El Real Decreto-ley 2/2026 permite a las empresas mantener la planificación fiscal en 2026 sin incrementos automáticos de impuestos. Afecta especialmente al Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las inversiones energéticas y el régimen simplificado, con opciones para optimizar la tributación.

El derecho concursal es la rama del derecho que regula las situaciones de insolvencia, tanto de personas jurídicas (empresas) como de personas físicas. Su objetivo es gestionar de manera ordenada las deudas y ofrecer soluciones para que empresas y particulares puedan superar una situación económica crítica.

La Agencia Tributaria exigirá a todos los contribuyentes que hayan recibido la prestación por desocupación este año (2024) a presentar la declaración de renta en el próximo ejercicio. Esta nueva obligación se recoge en el Real decreto ley 2/24, del 21 de mayo, que introduce medidas urgentes para simplificar y mejorar el nivel de protección por desocupación, aprobado el pasado mes de mayo, aunque la medida entrará en vigor a partir de este 1 de noviembre.

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

Todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, están obligadas a adoptar un protocolo o procedimiento para prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de sexo. Esta obligación surge de la interpretación de varias normas legales, como ahora la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y el Real decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad y su registro.