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En julio de 2021 se publicó la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la conocida como Ley Antifraude. Esta ley establece una serie de requisitos que debe cumplir el software de facturación de las empresas para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas.

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

Desde el 1 de enero de 2020, en España, todas las operaciones con Administración Pública deben tener factura digital. También es obligatoria para las compraventas de productos o servicios entre empresas que tengan una cuota anual de IVA superior a los 90.000 €.

El pasado 18 de diciembre, en el Teatre de l’Aurora de Igualada, realizamos una sesión informativa sobre el nuevo sistema de cotización de los autónomos y la primera regularización de estas cuotas. El objetivo del acto era proporcionar información detallada sobre el proceso de regularización de bases de cotización y cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondiente al ejercicio 2023. Esta regularización afecta a todas las personas incluidas en este régimen, tanto si son personas físicas con actividad económica, como los autónomos societarios, la cual cosa supone una importante modificación en sus responsabilidades fiscales y económicas.

El Ministerio de Hacienda ha informado de una previsión de ampliación de los plazos de adaptación de los sistemas informáticos de facturación (SIF) hasta octubre de 2028, con el objetivo de coordinarlos con la factura electrónica obligatoria. Se trata de una propuesta pendiente de aprobación normativa, no de un plazo definitivamente vigente.

La protección de datos sigue siendo, en pleno 2026, una asignatura pendiente para muchas empresas. Sin embargo es una obligación legal ineludible, independientemente del tamaño del negocio, siempre que se traten datos personales de clientes, empleados o proveedores.

El Real Decreto-ley 2/2026 permite a las empresas mantener la planificación fiscal en 2026 sin incrementos automáticos de impuestos. Afecta especialmente al Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las inversiones energéticas y el régimen simplificado, con opciones para optimizar la tributación.

El derecho concursal es la rama del derecho que regula las situaciones de insolvencia, tanto de personas jurídicas (empresas) como de personas físicas. Su objetivo es gestionar de manera ordenada las deudas y ofrecer soluciones para que empresas y particulares puedan superar una situación económica crítica.