Juntos logramos objetivos.
¿Cuál es el tuyo hoy?

Un fenómeno que ha generado protagonismo recientemente es la renuncia silenciosa (“quiet quitting”). Este término se refiere a la situación en que un trabajador no manifiesta de manera explícita su voluntad de renunciar, pero sus comportamientos y actitudes demuestran una desconexión evidente con los objetivos de la empresa. El compromiso y el esfuerzo se reduce al mínimo indispensable para cumplir con las tareas asignadas. Esta desconexión emocional y motivacional, acostumbra a ser el inicio de una renuncia formal, aunque a menudo se prolonga durante meses o años, afectando negativamente a la eficacia y el clima laboral.

El Gobierno español ha puesto en marcha los avales ICO, una medida que tiene como objetivo servir como solución al actual problema de acceso a las viviendas, facilitando la concesión de una hipoteca a más de 50.000 personas. Generalmente, las líneas ICO son intermediadas a través de bancos comerciales.

Cuando se dice que “Hacienda niega sistemáticamente incluir las reformas en el precio de la casa a la hora de vender”, significa que, al calcular el valor fiscal de una propiedad a efectos de impuestos, la Agencia Tributaria no siempre tiene en cuenta el dinero que se ha invertido en reformas o mejores de la vivienda para aumentar su valor.

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

La morosidad es uno de los principales problemas económicos que pueden afectar tanto a las empresas como a los particulares. Evitar problemas de liquidez es fundamental para mantener una salud financiera que asegure el éxito del negocio.

Todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, están obligadas a adoptar un protocolo o procedimiento para prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de sexo. Esta obligación surge de la interpretación de varias normas legales, como ahora la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y el Real decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad y su registro.