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El pasado 31 de marzo de 2026 se publicó en el BOE el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, norma que desarrolla el sistema español de factura electrónica obligatoria B2B. Esta nueva regulación establece los requisitos técnicos, formatos y obligaciones que deberán cumplir empresas y autónomos en sus operaciones comerciales entre profesionales. El objetivo principal es reforzar la digitalización empresarial, reducir la morosidad e incrementar la trazabilidad fiscal de las operaciones.

Nuestra sociedad está cada vez más sensibilizada en cuestiones vinculadas a la igualdad. Como consecuencia, la administración y los trabajadores reclaman a las organizaciones más procedimientos y mecanismos que garanticen la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género.

Según las noticias publicadas hoy, 2 de diciembre de 2025, el Gobierno, en una decisión aprobada en el Consejo de Ministros mediante un decreto-ley, ha decidido aplazar un año más la obligatoriedad de VERI*FACTU para empresas y autónomos.

El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, mantiene vigentes para 2026 las principales deducciones y regímenes fiscales para autónomos y contribuyentes. El decreto garantiza la continuidad en la tributación del IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades, y mantiene incentivos vinculados a la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

Las disposiciones de dinero de la empresa por parte de los socios son una práctica habitual en muchas sociedades limitadas, especialmente en empresas familiares. Sin embargo, cuando estas operaciones se prolongan en el tiempo y generan saldos elevados, Hacienda puede interpretar que no se trata de un préstamo real y exigir la tributación correspondiente.

La ganadería intensiva, especialmente la porcina, ha crecido de manera notable en Cataluña y en muchas zonas de España. Con este crecimiento, también lo ha hecho la producción de purines, una mezcla de estiércol y orina que, si no se gestiona correctamente, puede convertirse en un problema ambiental de primer orden.

Este pasado mes de enero se publicó el Real Decreto Ley 1/2023, en el que se establecen un importante número de bonificaciones destinadas a promover la contratación de determinados perfiles como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de tráfico de seres humanos, personas en riesgo de exclusión social, desempleadas de larga duración o víctimas del terrorismo, así como las personas jóvenes menores de 30 años que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tal como indica el Real decreto 1007/2023, del 5 de diciembre, también conocido como Reglamento Verifactu, con la voluntad de regular el registro de las operaciones en origen, las empresas estarán obligadas a utilizar unos sistemas informáticos de facturación con los requisitos técnicos y registrar cada operación, con unas especificaciones y formatos estandarizados, que incluirá una información muy detallada sobre el IVA similar a la exigida actualmente en el SII. Quedan exoneradas aquellas empresas que llevan los libros de registro de IVA a través del SII.