Factura electrónica: Real Decreto 238/2026 y diferencias con VeriFactu

La factura electrónica entre empresarios y profesionales ya cuenta con desarrollo reglamentario. El pasado 31 de marzo de 2026 se publicó en el BOE el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, norma que desarrolla el sistema español de factura electrónica obligatoria B2B previsto en la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (“Ley Crea y Crece”).

Esta nueva regulación establece los requisitos técnicos, formatos y obligaciones que deberán cumplir empresas y autónomos en sus operaciones comerciales entre profesionales. El objetivo principal es reforzar la digitalización empresarial, reducir la morosidad e incrementar la trazabilidad fiscal de las operaciones.

Factura electrónica obligatoria B2B y VeriFactu: conceptos diferentes

La digitalización fiscal sigue avanzando y muchas empresas aún confunden dos conceptos que, aunque están relacionados, tienen objetivos distintos: la factura electrónica obligatoria B2B y el sistema VeriFactu.

Factura electrónica obligatoria B2B

La factura electrónica obligatoria regula la forma en que se emiten y reciben las facturas entre empresarios y profesionales (operaciones B2B). Esto implica que las facturas deberán generarse en formatos electrónicos estructurados y compatibles con los sistemas oficiales, dejando atrás el simple PDF enviado por correo electrónico.

Sistema VeriFactu

Por su parte, el sistema VeriFactu, desarrollado dentro de la Ley Antifraude (Ley 11/2021) y el reglamento de los sistemas informáticos de facturación, no regula el formato de la factura ni la relación comercial entre empresas. Su objetivo es garantizar que los programas de facturación sean seguros, inalterables y permitan a la Agencia Tributaria controlar que no existan manipulaciones o dobles contabilidades.

Diferencia clave entre factura electrónica y VeriFactu

Dicho de forma sencilla:

• La factura electrónica afecta a “cómo se envía y se recibe” la factura.
• VeriFactu afecta a “cómo se genera y registra” internamente esa factura dentro del sistema de facturación.

Por lo tanto, una empresa puede estar obligada simultáneamente a cumplir con ambos sistemas: disponer de un programa compatible con VeriFactu y, al mismo tiempo, emitir facturas electrónicas estructuradas en operaciones con otras empresas o autónomos.

Formatos obligatorios: más allá del PDF

Una de las cuestiones más relevantes es que la factura electrónica obligatoria no consistirá simplemente en enviar una factura en PDF por correo electrónico.

El Real Decreto exige formatos estructurados compatibles con el estándar europeo EN16931, permitiendo la lectura automática por parte de los sistemas informáticos y su integración contable.

¿A quién afecta la nueva normativa?

La norma afectará a todos los empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos establecidos en España. Su aplicación será progresiva:

• Empresas con facturación superior a 8 millones de euros: obligación aproximadamente a los 12 meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial pendiente de desarrollo.
• Resto de empresas y autónomos: aproximadamente a los 24 meses.

Plataformas y control de los pagos

El sistema español de facturación electrónica prevé la utilización de plataformas privadas de intercambio de facturas electrónicas, complementadas con una solución pública gestionada por la Administración, aún pendiente de desarrollo definitivo.

Además, las empresas receptoras deberán informar sobre el estado de las facturas, incluyendo la aceptación, el rechazo y el pago efectivo.

Esto refuerza el control de los plazos de pago y la lucha contra la morosidad.

Impacto para las empresas: cambios en la gestión administrativa y fiscal

Desde nuestra perspectiva profesional, esta reforma obligará a muchas empresas a adaptar sus programas de facturación y procesos administrativos. También incrementará la importancia de una contabilidad coherente y automatizada, ya que Hacienda dispondrá de un mayor volumen de información en tiempo real.

En definitiva, el Real Decreto 238/2026 representa un cambio estructural en la gestión administrativa y fiscal de las empresas. Anticiparse a esta adaptación será clave para evitar incidencias y garantizar el cumplimiento normativo.