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En un entorno empresarial cada vez más exigente en términos de sostenibilidad, la consultoría en sostenibilidad ejerce un papel crucial para que las empresas afectadas por normativas ambientales estrictas puedan cumplir con los estándares y, al mismo tiempo, mejorar su competitividad. La aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) es uno de los pilares claves para reducir el impacto ambiental y los riesgos asociados al cumplimiento de normativas.

En el ámbito industrial, la prevención y control de la contaminación son fundamentales para minimizar los impactos ambientales. La Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales establece que las empresas han de aplicar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), es decir, las más eficaces y avanzadas para prevenir o reducir las emisiones, garantizando así un alto nivel de protección ambiental.

El Gobierno español ha puesto en marcha los avales ICO, una medida que tiene como objetivo servir como solución al actual problema de acceso a las viviendas, facilitando la concesión de una hipoteca a más de 50.000 personas. Generalmente, las líneas ICO son intermediadas a través de bancos comerciales.

Cuando se dice que “Hacienda niega sistemáticamente incluir las reformas en el precio de la casa a la hora de vender”, significa que, al calcular el valor fiscal de una propiedad a efectos de impuestos, la Agencia Tributaria no siempre tiene en cuenta el dinero que se ha invertido en reformas o mejores de la vivienda para aumentar su valor.

El arrendamiento de inmuebles desarrollado como actividad económica con carácter empresarial puede suponer un importante ahorro fiscal por los contribuyentes, puesto que podrán disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, y una bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero hay que prestar atención en que no toda actividad de arrendamiento de inmuebles, a pesar de disponer de los requisitos marcados por la ley, se puede considerar que tenga carácter de empresarial.  

Todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, están obligadas a adoptar un protocolo o procedimiento para prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de sexo. Esta obligación surge de la interpretación de varias normas legales, como ahora la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y el Real decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad y su registro.