Juntos logramos objetivos.
¿Cuál es el tuyo hoy?

La Directiva Europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, transpuesta al ordenamiento jurídico con la reforma de la Ley Concursal en 2022, tiene como uno de sus objetivos promover la venta de Unidades Productivas para fomentar la continuidad de las empresas y evitar llegar a la liquidación en los procedimientos concursales, tal como ha ocurrido en la mayoría de procedimientos de los últimos años.

La pandemia de la COVID ha acelerado muchos de los procesos de cambio que se estaban produciendo en el mercado laboral. Los consumidores cada vez demandan empresas más comprometidas en el medio ambiente, en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, en el fomento del equilibrio entre la vida personal y profesional, en el compromiso con causas sociales… Y han sido las empresas socialmente responsables y con un propósito claro las que han salido realmente reforzadas de esa situación.

El proceso de buscar trabajo es un camino que puede ser complejo y a menudo, puede parecer un laberinto sin salida. Con una competencia cada vez más feroz y un mercado laboral en constante evolución, los candidatos y candidatas se encuentran ante un reto gigante. Las expectativas de los equipos de selección son más altas que nunca, y las demandas de los lugares de trabajo, a menudo cambian para reflejar las tendencias y necesidades de la industria. Esta dinámica creciente crea una presión adicional sobre las candidaturas, que deben adaptarse rápidamente y demostrar su idoneidad en este entorno tan exigente.

Todas las empresas han de elaborar anualmente el calendario laboral. La empresa tiene la potestad de establecer el calendario laboral, aun así, debe consultarlo con los representantes de los trabajadores y cumplir con la normativa vigente.

El BOE del 6 de noviembre ha publicado el Real decreto ley 6/2024, que entra en vigor el 7 de noviembre de 2024. Este decreto establece varias medidas laborales para los municipios afectados por laDANA, como por ejemplo exenciones en la cotización a la Seguridad Social, aplazamientos y moratorias en el pago de cuotas, la suspensión de procedimientos de recaudación, o la consideración excepcional de incapacidad temporal por accidente laboral a los efectos de la prestación económica de incapacidad temporal.

En una sentencia del pasado 8 de enero, que unifica criterios, el Tribunal Supremo ha decidido ampliar la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los gastos de custodia en guarderías. 

Cuando una sociedad deja de funcionar sin seguir los trámites legales, las consecuencias pueden ser graves, especialmente para el administrador. Así lo ha confirmado recientemente la Audiencia Provincial de Murcia, que ha condenado a un administrador a responder con su patrimonio personal por los salarios impagados a dos trabajadores tras un cierre irregular de la empresa.