Juntos logramos objetivos.
¿Cuál es el tuyo hoy?

Efectivamente, con la aprobación del Real decreto ley 8/2019, las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral diaria de sus trabajadores, sin requisitos por medida o sector de la empresa. El objetivo de esta medida es controlar las jornadas reales de los trabajadores y la gestión de las horas extraordinarias.

Con efectos, desde el ejercicio 2024, se han introducido mejoras en la reserva de capitalización. La reducción aumenta del 10 al 15% de incremento de fondo propio y el plazo de mantenimiento disminuye de cinco a tres años.

Tal como indica el Real decreto 1007/2023, del 5 de diciembre, también conocido como Reglamento Verifactu, con la voluntad de regular el registro de las operaciones en origen, las empresas estarán obligadas a utilizar unos sistemas informáticos de facturación con los requisitos técnicos y registrar cada operación, con unas especificaciones y formatos estandarizados, que incluirá una información muy detallada sobre el IVA similar a la exigida actualmente en el SII. Quedan exoneradas aquellas empresas que llevan los libros de registro de IVA a través del SII.

La morosidad es uno de los principales problemas económicos que pueden afectar tanto a las empresas como a los particulares. Evitar problemas de liquidez es fundamental para mantener una salud financiera que asegure el éxito del negocio.

Todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, están obligadas a adoptar un protocolo o procedimiento para prevenir y actuar ante el acoso sexual y por razón de sexo. Esta obligación surge de la interpretación de varias normas legales, como ahora la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y el Real decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad y su registro.

La normativa medioambiental establece las disposiciones legales para garantizar la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud humana. Cada país tiene su ordenamiento jurídico ambiental, que se puede diferenciar claramente de un país a otro. Si bien tienen en común el mismo objetivo: conseguir la protección del medio ambiente y establecer un sistema más sostenible.