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De acuerdo con el Real decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres, todas las empresas están obligadas a disponer del registro salarial actualizado. Esta normativa entró en vigor en abril de 2021 y afecta a todas las empresas, independientemente de su medida o el número de trabajadores.

La pandemia de la COVID ha acelerado muchos de los procesos de cambio que se estaban produciendo en el mercado laboral. Los consumidores cada vez demandan empresas más comprometidas en el medio ambiente, en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, en el fomento del equilibrio entre la vida personal y profesional, en el compromiso con causas sociales… Y han sido las empresas socialmente responsables y con un propósito claro las que han salido realmente reforzadas de esa situación.

El proceso de buscar trabajo es un camino que puede ser complejo y a menudo, puede parecer un laberinto sin salida. Con una competencia cada vez más feroz y un mercado laboral en constante evolución, los candidatos y candidatas se encuentran ante un reto gigante. Las expectativas de los equipos de selección son más altas que nunca, y las demandas de los lugares de trabajo, a menudo cambian para reflejar las tendencias y necesidades de la industria. Esta dinámica creciente crea una presión adicional sobre las candidaturas, que deben adaptarse rápidamente y demostrar su idoneidad en este entorno tan exigente.

En una sentencia del pasado 8 de enero, que unifica criterios, el Tribunal Supremo ha decidido ampliar la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los gastos de custodia en guarderías. 

Cuando una sociedad deja de funcionar sin seguir los trámites legales, las consecuencias pueden ser graves, especialmente para el administrador. Así lo ha confirmado recientemente la Audiencia Provincial de Murcia, que ha condenado a un administrador a responder con su patrimonio personal por los salarios impagados a dos trabajadores tras un cierre irregular de la empresa.

La bonificación en la cuota de la Seguridad Social por actividades de I+D+i es una de las medidas de apoyo a la innovación más inmediatas y menos conocidas por las empresas.

Un nuevo informe del Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha vuelto a poner de relieve que la indemnización por despido en España – 33 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades – es insuficiente para ser disuasiva y compensatoria, especialmente en comparación con prácticas de la UE y las recomendaciones del Consejo Europeo.