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El Congreso de diputados ha aprobado el decreto Ómnibus, un decreto que incluye medidas relacionadas con el ámbito laboral, como la revalorización de las pensiones por jubilación. El incremento de las pensiones contributivas será del 2,8%.

Un contrato temporal es un acuerdo entre la empresa y el trabajador con una duración determinada. En este caso, el tipo de jornada es indiferente, ya que un contrato temporal es válido tanto para jornada completa como para parcial, lo que sí que es imprescindible es especificar el motivo de la temporalidad en el contrato.

Efectivamente, con la aprobación del Real decreto ley 8/2019, las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral diaria de sus trabajadores, sin requisitos por medida o sector de la empresa. El objetivo de esta medida es controlar las jornadas reales de los trabajadores y la gestión de las horas extraordinarias.

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Un nuevo informe del Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha vuelto a poner de relieve que la indemnización por despido en España – 33 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades – es insuficiente para ser disuasiva y compensatoria, especialmente en comparación con prácticas de la UE y las recomendaciones del Consejo Europeo.

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que sancione a España por no haber transpuesto íntegramente la Directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles (2019/1152) en su legislación interna. Además, añade una segunda directiva pendiente; la de transparencia salarial, que también exige medidas concretas.

Con la nueva reforma laboral prevista por el Gobierno español, la jornada máxima se reducirá de las 40 horas actuales a 37,5 horas semanales. Esta medida será progresiva y afectará a millones de trabajadores antes del 31 de diciembre de 2025. No obstante, no todos los empleados podrán beneficiarse inmediatamente de este cambio.

Conocer las excepciones es clave para las empresas a la hora de aplicar correctamente la normativa y evitar conflictos laborales.

El Real decreto 402/2025 del 27 de mayo, ya publicado en el BOE, regula de manera específica el procedimiento y las condiciones para acceder a la jubilación anticipada en lugares de trabajo con condiciones laborales especialmente peligrosas, tóxicas, de mucha dureza o insalubres, así como aquellas con elevados índices de morbididad o mortalidad.