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Se ha aprobado la Orden Ministerial que define los criterios para evaluar qué empresas pueden acogerse a los beneficios y especialidades descritas en la Ley 28/2022, de 21 de diciembre.

El Real decreto 608/2023, de 11 de julio, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. Igualmente, introduce novedades relevantes en el reglamento de despidos colectivos.

Real decreto 608/2023, de 11 de julio.

La Ley 9/2025 obliga a las empresas a replantear la movilidad laboral, mejorando la accesibilidad, la sostenibilidad y la gestión de los desplazamientos de la plantilla.

Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

Este Real Decreto-ley prorroga diversas medidas destinadas a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, con el objetivo de proteger a los colectivos más afectados por el contexto económico actual. Asimismo, incorpora medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, orientadas a garantizar la estabilidad del sistema y el apoyo a personas y empresas. La norma mantiene y adapta instrumentos de protección social ya existentes e introduce ajustes fiscales de carácter temporal.

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley para permitir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos utilicen sus superávits para invertir en proyectos sostenibles, y para ampliar el plazo de aplicación de la normativa que regula los programas informáticos de facturación, garantizando que empresas y administraciones dispongan de tiempo suficiente para adaptarse correctamente.

El Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, desarrolla el régimen del contrato formativo previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma concreta las condiciones, derechos y obligaciones que deben respetar tanto las empresas como las personas trabajadoras, con el objetivo de reforzar el valor educativo y profesional de este tipo de contrato.

El Real Decreto 254/2025 amplía el plazo para que empresarios y profesionales adapten sus sistemas informáticos a las exigencias de la nueva normativa sobre factura electrónica. Esta medida busca facilitar el cumplimiento progresivo de las obligaciones.