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La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo en el diseño de plantas industriales, impulsada por la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de la actividad industrial. Para las empresas, adoptar prácticas sostenibles no solo es una responsabilidad social, sino también una estrategia que puede mejorar la eficiencia operativa y reducir costes a largo plazo.

Tal como indica el Real decreto 1007/2023, del 5 de diciembre, también conocido como Reglamento Verifactu, con la voluntad de regular el registro de las operaciones en origen, las empresas estarán obligadas a utilizar unos sistemas informáticos de facturación con los requisitos técnicos y registrar cada operación, con unas especificaciones y formatos estandarizados, que incluirá una información muy detallada sobre el IVA similar a la exigida actualmente en el SII. Quedan exoneradas aquellas empresas que llevan los libros de registro de IVA a través del SII.

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

La factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura generada en papel, pero que se emite y se recibe de manera electrónica. Su función es la misma: justificar ciertas operaciones comerciales o financieras, ara bien, su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales en papel.

Desde el 1 de enero de 2020, en España, todas las operaciones con Administración Pública deben tener factura digital. También es obligatoria para las compraventas de productos o servicios entre empresas que tengan una cuota anual de IVA superior a los 90.000 €.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar como causa automática la finalización de relación contractual la incapacidad permanente.

La aprobación del Real decreto 322/2024 el pasado mes de marzo, ha introducido modificaciones en el Reglamento General de Recaptación de la Seguridad Social, incluyendo la implementación de una nueva cuota de solidaridad. Esta medida entrará en vigor en enero de 2025 y se aplicará a partir del salario que supere la base de cotización.