¿Qué cambios propone el Gobierno sobre las bajas laborales para combatir el absentismo?
Laboral
Las bajas laborales han subido un 78% desde 2019, y el coste anual ya supera los 20.000 M, más del 1% del PIB, según el Banco de España y la Seguridad Social.
El absentismo hace perder productividad a las empresas e impacta las arcas públicas, generando presión en el sector empresarial y gubernamental para que actúe.
Principales medidas sobre la mesa
Para disminuir estas tasas tan altas de absentismo laboral se han propuesto las siguientes medidas:
- Alta médica progresiva: Después de 180 días de baja, se permitiría una incorporación gradual durante un mes: 50% jornada + 50% prestación. Algunos expertos alertan que podría presionar trabajadores que aún no están recuperados del todo.
- Nuevas funciones para las mutuas: Podrán hacer propuestas de alta en bajas por contingencia común a partir de los 12 meses (antes solo por accidente laboral). El objetivo sería agilizar procesos.
- Bajas por trabajadores con pluriempleo: El médico evaluará qué tareas no puede desarrollar, que permita la compatibilidad con los otros trabajos.
- Limitación de las bajas prolongadas: Se fija un máximo de 18 meses (360 días + una posible prórroga de 180 días), con revisión médica obligatoria para decidir si se puede reincorporar.
Objetivos de la reforma
Esta propuesta de reforma de las bajas laborales tiene unos propósitos muy claros:
- Reducir la duración excesiva de las bajas y el gasto público asociado.
- Mantener la protección sanitaria, pero con una gestión más eficiente.
- Favorecer la productividad y evitar la percepción del abuso del sistema de bajas.
Las empresas y patronales lo ven como una solución para combatir el absentismo y los gastos de más que se deben asumir. Los sindicalistas y los profesionales médicos piden garantías para evitar abusos y preservar la salud integra de los trabajadores.
Las propuestas están incluidas en un documento oficial entregando a los agentes sociales en el marco del diálogo social. Ahora toca negociar con sindicatos y patronales para diseñar la normativa final, la cual podría concluir en la reforma del Estatuto de los Trabajadores o en un Decreto ley durante el otoño de 2025, como complemento a la reducción de jornada laboral.
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