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Un nuevo informe del Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha vuelto a poner de relieve que la indemnización por despido en España – 33 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades – es insuficiente para ser disuasiva y compensatoria, especialmente en comparación con prácticas de la UE y las recomendaciones del Consejo Europeo.

Las bajas laborales han subido un 78% desde 2019, y el coste anual ya supera los 20.000 M, más del 1% del PIB, según el Banco de España y la Seguridad Social.

El absentismo hace perder productividad a las empresas e impacta las arcas públicas, generando presión en el sector empresarial y gubernamental para que actúe.

El camino hacia la descarbonización está inevitablemente ligado a un cambio profundo en la manera en que fabricamos y consumimos productos. Entender la huella de producto y aplicar estrategias eficaces de reducción es clave no solo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, sino también para adaptarse a normativas emergentes.

La Seguridad Social está revisando las ayudas que se otorgaron durante la pandemia para garantizar que se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

Efectivamente, con la aprobación del Real decreto ley 8/2019, las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral diaria de sus trabajadores, sin requisitos por medida o sector de la empresa. El objetivo de esta medida es controlar las jornadas reales de los trabajadores y la gestión de las horas extraordinarias.

Cuando se firma un contrato de trabajo, aceptamos las condiciones que se indican en él. Sin embargo, la empresa podría acordar cambios en las condiciones del trabajador cuando pueda acreditar que existen aprobados motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.