El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con los objetivos de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y poner freno al cambio climático, entre otros. Esta agenda marcará la acción global para el desarrollo hasta el 2030 y configura una hoja de ruta de actuación para alcanzar un objetivo común: el desarrollo mundial sostenible.

La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional – referida a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental)- y de aplicación universal, y se despliega mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), a través de los cuales se propone abordar los grandes retos globales. Su éxito exige un eficaz sistema de gobernanza multinivel desde la esfera internacional, nacional, regional y local. En este sentido, los ODS han sido acordados por los gobiernos, pero su éxito depende en gran medida de la acción y colaboración de todos los actores de la sociedad. Y de entre todos ellos, el sector privado empresarial debe jugar un claro rol de liderazgo para asegurar la prosperidad de los territorios, generar empleo, ofrecer oportunidades de formación y desarrollo de carreras profesionales y, por tanto, conseguir la erradicación de las desigualdades .

Los ODS suponen un reto para lograr una gestión más sostenible pero también proporcionan una oportunidad que permite traducir las necesidades y ambiciones globales en soluciones de negocios. Estas soluciones harán posible que las empresas puedan acceder a nuevos mercados y mejorar su eficiencia y reputación, lo que les llevaría a conseguir mejores resultados económicos. Tradicionalmente, el ámbito de la sostenibilidad se ha asociado a las grandes empresas y multinacionales, pero el movimiento a favor de las buenas prácticas empresariales con la sociedad y el entorno ha pasado a formar parte de la normativa que afecta también a las pymes . La implantación de la Agenda 2030 en el cuerpo normativo ya se está produciendo e incrementará su incidencia en el futuro.

El 29 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley de Información No Financiera. Esta ley es de obligado cumplimiento para empresas de determinada dimensión; sin embargo, el hecho de obligar a estas empresas a reportar las prácticas de compromiso social y medioambiental puede afectar, de forma colateral, a otras de pequeña o mediana dimensión que sean proveedoras de las primeras. Esto está suponiendo un cambio relevante en el corto y medio plazo en la operativa y en las exigencias para las pymes que quieran optar a suministrar a empresas de mayor tamaño. En paralelo, y cada vez con mayor intensidad, otras regulaciones ya están incorporando también aspectos relacionados con la Agenda 2030. La Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Igualdad con nuevas obligaciones relativas a los planes de igualdad, la futura Ley de Cambio Climático o la Ley de Contratación del sector público que ya incorpora nuevos criterios sociales y medioambientales de forma transversal y obligatoria en múltiples ámbitos del proceso de contratación pública, son algunos ejemplos de la normativa de referencia que forma parte de la estrategia de desarrollo sostenible para 2030.

Resulta evidente que en los próximos años se va a producir un aumento de estrategias y normativas en materia de sostenibilidad. Las empresas que integren los ODS y la agenda 2030 en su modelo de negocio encontrarán más fácil su adaptación a las nuevas normativas y asegurarán la competitividad en el mercado, al tiempo que verán incrementada su eficiencia y reputación empresarial.