Legislación ambiental y estructura legislativa en España

La normativa medioambiental establece las disposiciones legales para garantizar la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud humana. Cada país tiene su ordenamiento jurídico ambiental, que se puede diferenciar claramente de un país a otro. Si bien tienen en común el mismo objetivo: conseguir la protección del medio ambiente y establecer un sistema más sostenible.

Si entramos a comentar la legislación ambiental actual en España, debemos tener presente que se trata de una estructura piramidal, la cual se ha de cumplir a todos los niveles jerárquicos (normativa internacional, normativa europea, estatal, autonómica y municipal). La base de la pirámide se constituye siguiendo las líneas que marca la comunidad internacional y la europea, y a partir de aquí, se van volviendo más restrictivas según impone el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por lo tanto, la clasificación queda de la siguiente manera:

1. Normativa ambiental internacional: España, como parte de la comunidad internacional, ha subscrito varios tratados y convenios:

• Acuerdo de París sobre el cambio climático (2015): Un tratado global que busca limitar el calentamiento global a menos de 2ºC por encima de los niveles preindustriales. España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la línea de los objetivos establecidos en este acuerdo.
• Convenio de Basilea (1989): Regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación, con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Estos tratados obligan a España a adaptar su legislación interna para cumplir con los compromisos internacionales, integrando estos principios en su marco legal nacional.

2. Normativa ambiental europea: Como estado miembro de la Unión Europea, España está sujeta a la normativa comunitaria. En el caso de la UE, dicta reglamentos y directivas, como, por ejemplo:

• Directiva Marco del Agua (2000/06/CE): Establece un marco para proteger el agua en toda la UE, obligando a los Estados miembros a conseguir un buen estado ecológico del agua.
• Directiva de Hábitats (92/43/CEE): Busca la conservación de hábitats naturales y de fauna y flores silvestres.

Las legislaciones europeas obligan a España a adaptar sus leyes nacionales para cumplir con estos estándares mínimos, pero también permiten establecer normativas más estrictas si es necesario.

3. Normativa ambiental nacional: En el ámbito nacional, el Estado español redacta las leyes que se aplican a todo el territorio y que responden tanto a necesidades internas como a la transposición de normativa europea, por ejemplo:

• Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados por una economía circular. Da una vuelta a la gestión de los residuos en el ámbito nacional, con un enfoque más sostenible.
• Ley 21/2013, de evaluación ambiental: Obliga a hacer evaluaciones del impacto ambiental para proyectos que puedan afectar al medio ambiente, asegurando que se consideren los posibles efectos antes de su aprobación.
• Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental: Introduce el principio de “quien contamina paga”, asegurando que las empresas y personas responsables de daños ambientales los reparen.
• Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Proporciona un marco para la conversión de la biodiversidad en España, protegiendo especies y ecosistemas.

 4. Normativa ambiental autonómica: Las comunidades autónomas tienen amplias competencias en muchas áreas, incluida la protección del medio ambiente. Cada comunidad autónoma puede promulgar su propia legislación ambiental siempre que no contradiga la normativa estatal o comunitaria.

Por ejemplo, una comunidad autónoma puede establecer normativas más estrictas para la protección de sus parques naturales o para la gestión de residuos. Esto puede generar diferencias significativas sobre cómo se aplica la legislación ambiental en diferentes partes del territorio español.

5. Normativa ambiental municipal: Los municipios también tienen competencias en materia ambiental, especialmente en áreas que afectan directamente a los ciudadanos, como la gestión de residuos, el control del ruido y la ordenación urbanística. Los ayuntamientos tienen la potestad de emitir ordenanzas municipales que regulen aspectos específicos del medio ambiente, adaptándose a las características y necesidades locales. Por ejemplo, un municipio puede establecer restricciones sobre el uso de los plásticos de un solo uso, o crear zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire.

La legislación ambiental en España se adapta a diferentes contextos con el objetivo de proteger el medio ambiente, pero teniendo presente la estructura descentralizada del Estado.

El principal desafío de esta compleja estructura es coordinar las políticas a diferentes niveles (internacional, europeo, nacional, autonómico y local) para asegurar un desarrollo sostenible. Desde Grup Carles, ponemos nuestro equipo de expertos en sostenibilidad a vuestra disposición para que puedan resolver las dudas que os puedan surgir sobre las normativas comentadas.