¿Cómo puede afectar a las empresas los cambios en la indemnización por despido improcedente en España?

Un nuevo informe del Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha vuelto a poner de relieve que la indemnización por despido en España – 33 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades – es insuficiente para ser disuasiva y compensatoria, especialmente en comparación con prácticas de la UE y las recomendaciones del Consejo Europeo.

Comparativa europea

 Si hacemos una comparativa con otros países de la Unión Europea, la diferencia es considerable:

• Portugal: Entre 15 y 45 días de indemnización anual, con un mínimo de 3 meses.
• Alemania: Hasta 12 mensualidades como máximo, con una media de 0,5 mensualidades por año.
• Austria: Sistema de “mochila austríaca”, con fondos acumulados pagados por la empresa.
• Dinamarca, Francia, Finlandia, Reino Unido… todos cuentan con sistemas más abiertos o indemnizaciones adaptadas a cada caso.

¿Por qué es relevante para las empresas?

El Consejo Europeo exige que España adapte la normativa para hacerla más justa y desincentivadora, especialmente mediante indemnizaciones que tengan en cuenta las circunstancias individuales y den la posibilidad de readmisión al trabajador.

Aunque la indemnización está fijada por ley, varios tribunales españoles han empezado a abrir la puerta a compensaciones complementarias.

Además, el sistema actual – que ofrece predictibilidad– podría evolucionar hacia indemnizaciones a medida, con impactos difíciles de calcular. Esto podría afectar a la planificación económica y de las decisiones de ocupación.

¿Qué puede hacer la empresa para anticiparse?

• Analizar riesgos: Revisar las condiciones de contratación, especialmente para colectivos con mayor riesgo: embarazadas, trabajadores mayores, víctimas de violencia, etc., como destaca el Consejo Europeo.
• Mejorar los procesos disciplinarios: Documentar bien cada paso (motivos, pruebas y comunicaciones formales), continuar el procedimiento legal (notificaciones, plazos y justificaciones escritas), consultar asesoramiento jurídico antes de tomar decisiones delicadas.
• Negociar soluciones ajustadas: Establecer acuerdos de salida consensuados – también con cobertura legal – ayuda a evitar litigios costosos y públicos.
• Hacer seguimiento jurídico: El Tribunal Supremo tiene previsto delimitar si las indemnizaciones pueden ser ampliadas judicialmente especialmente después del 16 de julio de 2025.

Para minimizar riesgos y garantizar una gestión laboral robusta, adaptar la política interna es esencial. Asegurar expedientes disciplinarios bien documentados, optimizar los contratos y contemplar mecanismos de acuerdo de salida. Cuenta con nosotros, contacta a nuestro equipo.