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El Tribunal Supremo ha anulado el registro único estatal de alquileres de corta duración, una medida que debía centralizar el control de las viviendas destinadas a alquiler turístico y de temporada.

La decisión ha generado incertidumbre en el sector, pero desde el punto de vista inmobiliario lo más importante no es el ruido jurídico, sino entender qué cambia en la práctica para propietarios e inversores.

Grup Carles ha completado un proyecto de mejora y tecnificación de los sistemas de riego en la provincia de Azuay, en Ecuador, con el objetivo de optimizar la gestión del agua en zonas agrícolas de alta productividad.

Cuando una empresa tiene un crédito impagado, a menudo recupera el IVA repercutido y registra un deterioro fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

Los trabajadores autónomos pueden modificar su base de cotización y la cuota en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hasta el próximo 31 de octubre de 2024, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2024.

Esta decisión es básica, ya que afecta a las prestaciones y pensiones futuras. La modificación se puede realizar físicamente mediante el sistema RED, pero hay que estar atento a los plazos y trámites necesarios.

Desde el 1 de enero de 2020, en España, todas las operaciones con Administración Pública deben tener factura digital. También es obligatoria para las compraventas de productos o servicios entre empresas que tengan una cuota anual de IVA superior a los 90.000 €.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado, en un conjunto de sentencias dictadas el 18 de febrero de 2026, un criterio con un gran impacto en materia concursal, concretamente en los procedimientos de concurso de persona física.

Uno de los aspectos tratados por la Sala Primera ha sido el redefinir el alcance de la exclusión de determinados deudores de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), especialmente en lo que respecta a las sanciones administrativas y a los acuerdos de derivación de responsabilidad previstos en el artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

El incumplimiento de la normativa de protección de datos puede conllevar sanciones económicas muy elevadas para las empresas. Durante 2025, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) incrementó significativamente el importe de las multas, evidenciando un cambio en su enfoque sancionador.