Implementación de canales de denuncia interna en empresas

Desde el 31 de diciembre de 2023, determinadas empresas tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias interno, tal y como establece la Ley 2/2023, reguladora de la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y en la lucha contra la corrupción. Esta ley transpone la Directiva Europea 2019/1937, conocida como whistleblowing. El objetivo es facilitar la detección y prevención de infracciones, asegurando la protección de las personas que informan sobre las mismas en las empresas.

El plazo para implementar el canal de denuncias finalizó el pasado 31 de diciembre para las empresas con más de 50 trabajadores. Para empresas con más de 250 trabajadores, el plazo expiró el 13 de junio de 2023. Este período también se aplicó a Administraciones y Organismos Públicos.

Las sanciones por no disponer del canal de denuncias pueden ir desde una multa con un máximo de 300.000 euros, hasta la prohibición de obtener subvenciones o contratar con el sector público.

La implantación de estos canales no sólo es una exigencia legal, sino también una oportunidad para reforzar la transparencia y la integridad en las organizaciones. Proporciona a los trabajadores un medio seguro y confidencial para informar de las irregularidades, contribuyendo así a la prevención y detección precoz de conductas fraudulentas o ilegales.

Es fundamental que las empresas tomen medidas para asegurar que estos canales sean accesibles, efectivos y estén protegidos contra posibles represalias. Además, es importante fomentar una cultura organizacional que promueva la ética y el cumplimiento normativo, reforzando la confianza tanto interna como externa en la empresa.

Así, la implementación de canales de denuncia interna no sólo es una obligación legal, sino una medida clave para promover latransparencia, la integridad y la responsabilidad en las empresas, contribuyendo así a un entorno empresarial más justo y ético. Nuestra recomendación es implementar un canal de denuncias integrado dentro de un sistema de compliance, que contemple todos los demás aspectos relativos al cumplimiento normativo.